Sobre la privatización de servicios públicos

No existe la mínima justificación para que un gobierno privatice un 
servicio público. Solo la corrupción más obscena que lleva 40 años 
instalada en España.
En primer lugar porque alguien que accede a lo público (sea administración 
o gobierno)  no debería hacerlo si no cree en lo público y es 
injustificable que alguien que no cree en lo público acceda a lo público, 
cobre de lo público y se dedique a destruir lo público desde su cargo 
público. Es de juzgado de guardia.
Además, ningún administrador de lo público puede decir que una empresa 
privada gestiona mejor un servicio público ya que tal afirmación es una 
confesión de su incompetencia. En consecuencia si no sabe administrar lo 
público que dimita y deje a alguien capaz de hacerlo ya que su elección 
para un cargo no tuvo como finalidad el que destruya lo público sino que fue 
para que lo administre.
Si un cargo público es incapaz de administrar con eficacia, o al menos con 
la misma eficacia que una empresa privada, determinado servicio público, ya 
dijimos que la obligación de ese cargo es dimitir y dejar a alguien que sí 
sepa administrar ese servicio público que tiene bajo su responsabilidad, o 
sea, lo que hay que privatizar es a ese señor, no el servicio público.
Finalmente decir que el servicio público administrado por la administración 
pública siempre debería ser de más fácil gestión ya que la empresa 
privada debe administrar el servicio y además obtener beneficio. Como la 
administración no tiene que obtener beneficios cuenta con ese margen de 
ventaja sobre la empresa privada. Si el político de turno, a pesar de esa 
ventaja, sigue creyendo que es mas eficaz la privatización es porque o está 
comprado o es un auténtico incompetente.
Ni el PP ni el PSOE pueden criticarse en este asunto ya que ambos se han 
dedicado durante sus mandatos a vender (mas bien regalar a sus amigos) todas 
las grandes empresas de España, lo que resultó en un encarecimiento y 
degradación de los servicios, la pérdida o la degradación de los puestos 
de trabajo, la explotación laboral y la descapitalización del estado.
Como resultado de lo que podríamos llamar una traición a los ciudadanos y 
un expolio del Estado, actualmente los responsables del desaguisado reciben 
el pago (tal vez soborno) del favor que hicieron a quienes ahora son dueños 
de esas grandes empresas, con su nombramiento para cargos simbólicos que 
solo sirven para justificar de forma descarada e impúdica el pago por los 
servicios prestados.